A l'entrada del CEIP Pare Català s'exhibeixen diferents cartells i pancartes de suport a la vaga

Joan Canela València 03/06/2026

La vaga indefinida a l’educació ja fa dies que ha deixat de ser una qüestió simplement laboral per convertir-se en una protesta social en defensa de l’ensenyament públic d’unes dimensions desconegudes en dècades.

Un nou exemple d’aquesta mobilització arriba del barri de Benimaclet de València on dues de les entitats més potents del barri han organitzat sengles iniciatives de suport a la vaga.

La primera serà demà dijous 4 de juny i està impulsada per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Pare Català. “Davant la situació actual, i per mostrar el nostre suport a la vaga indefinida del professorat, hem decidit sumar-nos a la defensa de l’escola pública amb una acció col·lectiva que permeta compartir, reivindicar i construir comunitat”, segons s’explica des de la mateixa associació.

En concret, s’ha convocat una acampada dins del mateix recinte escolar, oberta a “totes les famílies, mestres, xiquetes i xiquets” que s’iniciarà a les 19 hores i s’allargarà tota la nit fins al matí del divendres, quan es desmuntaran les tendes coincidint amb l’inici de l’horari escolar, amb una concentració i lectura de manifest a les portes del carrer Diógenes López Mecho.

Durant l’acció, s’han organitzat diferents tallers i activitats per a la xicalla, amb la participació de la Jove Muixeranga de València i la Colla de Dolçaines «Estrela Roja» de Benimaclet.

“Volem que aquesta siga una trobada de tota la comunitat educativa: mestres, famílies i alumnat, perquè entenem que l’escola pública la construïm entre totes i tots, i que defensar unes condicions dignes per a qui educa és també defensar el dret a una educació pública, de qualitat i en valencià”, han afirmat des de l’AFA del CEIP Pare Català.

Concert solidari al CIM

Per la seua banda, la Big Band de Benimaclet, vinculada al Centre Instructiu (CIM) del mateix barri ha convocat un “assaig públic per al proper dilluns 8 de juny a les 22 hores per tal de recaptar fons per a la caixa de resistència dels docents en vaga.

“El CIM de Benimaclet vol donar suport al professorat que es troba en vaga indefinida i ho farem com millor sabem, amb música. La música alça la veu!” han explicat des del seu perfil d’Instagram on anuncien la iniciativa on “l’entrada serà voluntària”.

Joan A. Llinares Gómez

La cuestión no es tanto si la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero está o no justificada, que ya lo decidirán los tribunales. La pregunta que nos hacemos desde mucho antes del escándalo es cómo es posible que los expresidentes, que teniendo asignada una retribución del Estado nada despreciable y una estructura de apoyo sostenida con fondos públicos, se consagren a actividades privadas, de escasa o nula vinculación con el interés general, que les reportan sustanciosas ganancias adicionales.

Tampoco se trata de cuestionar que una empresa en situación económica crítica por causas objetivas como fue la pandemia del covid-19 reciba ayudas del Estado. En realidad, lo que necesita una respuesta urgente es cómo es posible que estas ayudas no vengan seguidas de una monitorización de las empresas beneficiarias para asegurar que los recursos públicos recibidos se aplican a los fines para lo que se concedieron y que no se desvía ni un euro.

El funcionamiento de las oficinas de los expresidentes del Gobierno en España, a las que habría que añadir las de los expresidentes autonómicos (ahí tienen a un personaje tenebroso como Mazón disfrutando de estos privilegios), constituye uno de esos mecanismos institucionales que revelan con meridiana claridad la cultura política del país. No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria ni de discutir si un expresidente debe disponer de escolta, despacho o personal de apoyo. El problema de fondo es qué idea del poder subyace en estas prerrogativas, cómo se relacionan las oficinas con la sociedad y cuál el marco de integridad que debe regir el uso de recursos y privilegios pagados con fondos públicos.

En España, la regulación de estas oficinas procede esencialmente de un real decreto aprobado durante el gobierno de Felipe González. La norma es sorprendentemente escueta y ambigua. Cada expresidente dispone de personal eventual designado libremente, un puesto de nivel 30, el máximo que existe en la administración, y otro puesto de nivel 18, más los gastos de funcionamiento de la oficina, vehículo oficial, escoltas y otros medios sufragados por el Estado.

Todo ello se justifica formalmente en la necesidad de preservar la dignidad del expresidente, facilitar actividades institucionales, representación del Estado o atención a compromisos derivados de la antigua responsabilidad ejercida. Sin embargo, la norma nunca precisó qué debe entenderse exactamente por “actividad institucional”, ni estableció criterios verificables para distinguir entre interés público y actividad privada. Tampoco estableció una fiscalización detallada del gasto y mucho menos una obligación de rendir cuentas mediante memorias anuales que deberían presentarse ante el Parlamento que es quien aprueba la dotación económica que las sustenta a través de los presupuestos generales del Estado.

La gravedad aumenta cuando esa opacidad coincide además con actividades privadas de enorme influencia política o económica. Un expresidente no es un ciudadano cualquiera. Conserva relaciones diplomáticas, acceso privilegiado a líderes internacionales, información sensible acumulada durante años y una capacidad de influencia derivada directamente del cargo previamente ejercido. Precisamente por ello, la fijación de las incompatibilidades y la exigencia de transparencia para las actividades de los expresidentes y sus oficinas debería ser extraordinariamente rigurosa.

Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia que pretenda alcanzar estándares de buen gobierno no puede sostener zonas opacas de gasto público y menos en órganos desde los que se puede ejercer influencias muy poderosas. La exigencia debería ir en sentido contrario porque la integridad pública se construye desde arriba y cuanto mayor ha sido la responsabilidad ejercida y mayor el poder de influencia latente, mayor debería ser la obligación de transparencia, ejemplaridad, rendición de cuentas y alineamiento con el interés general.

Pero esto desgraciadamente no forma parte de la tradición política que España ha arrastrado durante los cuarenta años de alternancia política del PSOE y el PP. El fenómeno, por lo tanto, no afecta solo a un partido, sino que ha estado normalizado de forma transversal compartiendo una misma visión. Por eso venimos oyendo con insistencia: por qué a Rodríguez Zapatero, si los demás expresidentes también reciben emolumentos de empresas privadas por regla general vinculadas a los oligopolios que sus respectivos gobiernos ayudaron a consolidar. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más preocupantes de lo que está ocurriendo: hemos asumido como algo normal esas puertas giratorias que sitúan a expresidentes, y también muchos exministros, en consejos de administración, asesorando o intermediando en negocios que nada tienen que ver con el interés público.

Cuando se intenta minimizar los hechos imputados a Rodríguez Zapatero alegando que otros expresidentes hacen cosas semejantes –o incluso peores, recordando las conductas atribuidas al propio rey emérito–, no se está defendiendo realmente la necesidad de que quienes disfrutan de privilegios públicos se comporten respetando los principios de buen gobierno e integridad. Cuando la conducta impropia deja de analizarse conforme a principios y valores y pasa a justificarse mediante comparaciones, la noción de buen gobierno desaparece para ser sustituida por una contabilidad del “y tú más”. Una mala praxis no se legitima por su repetición; al revés, se convierte en un sistema donde desaparece la frontera entre lo correcto y lo inadmisible. Todo queda reducido a una competición tribal donde cada bando político administra indulgencia para los propios y severidad para los adversarios.

Así, las oficinas de los expresidentes dejan de percibirse como un instrumento institucional y pasan a integrarse en un ecosistema de privilegios acumulativos: consejos de administración, conferencias millonarias, fundaciones opacas, redes de influencia internacional y utilización del prestigio institucional adquirido en el ejercicio del cargo para fines privados con apariencia de interés público.

Mientras cualquier funcionario o cargo público debe justificar minuciosamente dietas, desplazamientos o gastos relacionados con su actividad y observar un régimen de incompatibilidades que le limita o impide una actividad profesional privada, y mientras el perceptor de una ayuda pública debe aportar justificantes de hasta el último céntimo, las oficinas de los ex presidenciales disfrutan de asignaciones que nadie fiscaliza mientras confunden lo institucional con el negocio privado, la conclusión inevitable es que el sistema no funciona bien.

La propia OCDE ha remarcado recientemente que España es uno de los pocos países desarrollados que nunca ha tenido una estrategia integral y permanente de prevención y lucha contra la corrupción que abarque de forma coordinada el conjunto de las administraciones, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los sistemas de contratación y gestión de fondos públicos. Esa carencia resulta especialmente grave porque España sí dispone, en muchos ámbitos, de normas formalmente avanzadas. El problema no reside tanto en la inexistencia de legislación, sino en la enorme distancia entre norma y práctica debido a la ausencia de órganos especializados en la prevención y detección temprana de conductas contrarias a la integridad pública.

Los informes recientes de la OCDE muestran precisamente esa contradicción: España obtiene puntuaciones relativamente altas en regulación formal de integridad, conflictos de intereses o transparencia, pero suspende en la aplicación efectiva y en la práctica institucional. El caso paradigmático es el de los lobbies: España carece todavía de un verdadero sistema de control y registro de grupos de interés, obteniendo un 0% en aplicación práctica según los indicadores de integridad pública de la OCDE. Y todas estas carencias solo se pueden atribuir a una clara voluntad política persistente, de unos y otros, para seguir como estamos.

No se trata únicamente de posibles conductas delictivas porque fiar la lucha contra la corrupción exclusivamente al código penal, como ahora ocurre, ya implica un fracaso en la prevención en un contexto de normalización de prácticas donde hay conflictos de interés; acceso privilegiado a información; opacidad y ausencia de controles eficaces. Todos los casos reflejan un patrón conocido: debilitamiento de los controles internos, insuficiente independencia de los órganos fiscalizadores, politización de las instituciones supervisoras y una alarmante tolerancia social hacia determinadas formas de corrupción “menor”.

El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando alcanza a figuras que habían construido una imagen pública asociada al reformismo o al progresismo ético. No me consta que durante el mandato de Rodríguez Zapatero se produjera un solo caso de corrupción en el seno de su gobierno, por lo que las informaciones contenidas en el Auto de imputación añaden un componente de decepción y erosión moral de un referente político.

En este contexto, las advertencias del Greco, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, adquieren especial relevancia. Su informe más reciente subraya la falta de medidas decididas y resultados tangibles respecto a la integridad de altos cargos del Gobierno central. El Greco insiste desde hace años en cuestiones esenciales que España continúa sin resolver plenamente: regulación de asesores, agendas públicas, conflictos de intereses, puertas giratorias, transparencia de lobbies y fortalecimiento de órganos independientes de supervisión.

La consecuencia de todo ello no es solo jurídica o política, es profundamente democrática. La corrupción sostenida destruye la confianza social, degrada la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano. Cuando la percepción pública es que los mecanismos de control dependen de los propios partidos involucrados en malas praxis, el sistema político pierde credibilidad en favor de opciones totalitarias. No es casual que Transparencia Internacional haya vuelto a rebajar la posición de España en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El verdadero problema español no es únicamente la existencia de corrupción, sino la negativa histórica para construir un verdadero sistema estatal de integridad pública independiente de los partidos. Mientras otros países europeos han desarrollado agencias estatales de integridad fuertes e independientes, sistemas de prevención, protección efectiva de denunciantes y controles internos y externos robustos, España continúa fragmentando competencias, debilitando o suprimiendo organismos incómodos.

La lucha contra la corrupción exige mucho más que reformas penales o declaraciones políticas solemnes que luego quedan en nada. Requiere una transformación social e institucional basada en pilares como independencia real de los órganos de control; profesionalización y despolitización de la administración; regulación estricta de grupos de interés (lobbies) y supresión de puertas giratorias; protección efectiva del denunciante de corrupción; transparencia radical en contratación pública y gestión de fondos; sistemas preventivos de integridad; y una ética pública incompatible con la colonización partidista del Estado y sus instituciones.

Esto solo será posible cuando los partidos políticos decidan, tras la correspondiente catarsis, un pacto estatal contra la corrupción extendido también a cada comunidad autónoma. En el caso concreto del funcionamiento de las oficinas de los expresidentes deberían incluir al menos cinco principios básicos: transparencia absoluta de las agendas, transparencia en los fondos públicos que manejan, limitación temporal de privilegios, incompatibilidades estrictas y rendición pública periódica de actividades realizadas.

Sin esa transformación, España seguirá atrapada en un ciclo repetitivo de escándalo, indignación, comisión parlamentaria, desgaste mediático, desconfianza ciudadana y normalización del deterioro institucional. Y en ese ecosistema degradado es donde avanzan imparables los enemigos de la democracia.

• Samuel Martínez Madrid-18/03/2026 21:40

Público

El Partido Popular (PP) obtuvo en las últimas elecciones generales 145 senadores. Son muchos parlamentarios por encima de la mayoría absoluta. Actualmente, un 54% de los senadores son populares. Sin embargo, el porcentaje de electores que se decantó por el PP el 23-J es mucho menor. Solo les votó un 33,06% del total. Se da, por lo tanto, un efecto de sobrerrepresentación propio del sistema electoral español. Un grupo de intelectuales, en un artículo enviado a Público, propone tener en cuenta ese sistema para presentar una lista única de fuerzas progresistas que pueda desbancar al PP en el Senado [puedes leer el artículo aquí].

Los firmantes del artículo sostienen que con una lista unitaria potente que supere a la del PP —partiendo de la base de que el PSOE ya se colocó a menos de dos puntos porcentuales de los de Feijóo en 2023—, la opción progresista saldría beneficiada por el sistema de reparto de escaños en el Senado.

El artículo está firmado por las siguientes personas: la abogada Cristina Almeida; el ensayista y filósofo Santiago Alba Rico; la antropóloga María José Capellín; el sociólogo y político Enrique del Olmo; la abogada y también política Gloria Elizo; los economistas Bruno Estrada y Gabriel Flores; el historiador y sindicalista Pedro González de Molina; el constitucionalista Javier Pérez Royo; la periodista María José Pintor; la psicóloga Elena Martín; la politóloga Cristina Monge; el político Jesús Montero; el economista y director de Espacio Público Ignacio Muro; la periodista Marta Nebot; la documentalista Inocencia Soria, y la socióloga y filósofa Marina Subirats.

¿Cómo funciona exactamente la elección de senadores y por qué premia a la lista más votada? En las elecciones se reparten cuatro senadores por provincia (salvo en Baleares y Canarias, donde se eligen tres en las islas grandes y uno en las pequeñas, y en Ceuta y Melilla, que eligen dos cada una). Pero el votante tiene sólo tres votos, en un sistema de listas abiertas; es decir, podría marcar el nombre de candidatos de diversos partidos. Lo habitual, sin embargo, es que los electores marquen tres nombres del mismo partido. El resultado es que el partido con más votos, aunque la diferencia sea mínima sobre el segundo, se queda con tres de los cuatro senadores de cada provincia.

Ello explica en buena parte que el PP lograse una diferencia tan abultada en el número de senadores en las elecciones de 2023 pese a que, en porcentaje de voto, se dio casi un empate con el PSOE: los populares lograron un 33,06%, mientras que los socialistas se hicieron con un 31,68%.

Una lista única progresista para aprovecharlo

El grupo de firmantes del manifiesto El senado importa insiste en que “el conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas tiene la oportunidad y la obligación“, en las próximas elecciones, “de rescatar al Senado de las manos de la derecha reaccionaria y de su estrategia excluyente, antisocial, autoritaria y trumpista“.

En concreto, piden “negociar unas listas únicas de carácter democrático para el Senado que permitan obtener una amplia mayoría de escaños”, algo que “es posible y contribuiría a esperanzar y movilizar a un electorado que ahora carga con la incertidumbre y el miedo que provoca la posibilidad cierta de que las derechas reaccionarias revaliden su actual mayoría”.

La propuesta es una fórmula particular y concreta para el Senado, aunque lo cierto es que ha llegado en un momento en el que el debate sobre la unidad de las izquierdas está sobre la mesa. Como especifican en el texto, generar listas únicas en la Cámara Alta requeriría de un esfuerzo por parte de todos los agentes que componen el espacio, incluyendo al PSOE, pero subrayan que servirá para seducir a “una mayoría social y electoral demócrata que puede detener con su voto las pulsiones antidemocráticas, xenófobas, machistas, racistas, autoritarias y excluyentes de la extrema derecha”.

Además, en el artículo también se apunta a un asunto clave. La nueva composición del Senado será la encargada de que se supere “el actual bloqueo político en la designación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser renovados”. Por lo tanto, una mayoría progresista en esa cámara es crucial también en términos de poder judicial.

Uno de los rasgos más significativos de la crisis política y moral de nuestro tiempo es la reaparición de doctrinas que creíamos desaparecidas o al menos arrinconadas tras las grandes catástrofes mundiales del siglo XX. La doctrina Minneapolis puesta en auge en España por los pactos de Vox y el PP con el apoyo de un sector importante de la población bajo el nombre de prioridad nacional, no es nueva ni original. El señalamiento con fines persecutorios de un colectivo humano por razones de raza, credo u otras condiciones diferenciales ha sido una constante a lo largo de la historia. En España, en 1492 se expulsó a los judíos, en 1609 a los moriscos, durante los dos siglos siguientes la Inquisición se encargó de perseguir, encarcelar o quemar a los que se quedaron. Judíos y moriscos de Andalucía, País Valenciano o Castilla-La Mancha llevaban viviendo en la península desde siglos antes de que llegasen los cristianos con la llamada “reconquista”. De nada les sirvió el arraigo ni el vínculo ancestral con su tierra.

Durante la dictadura franquista también hubo prioridad nacional contra los propios españoles: quienes eran afectos al dictador tenían prioridad en todo por la gracia del llamado Movimiento Nacional mientras que los desafectos al régimen eran excluidos y perseguidos. Con el golpe de estado franquista España retrocedió decenas de años social y económicamente. Tener empleo era sencillo para los afectos al régimen, para los demás una verdadera suerte. Tres millones de españoles tuvieron que emigrar a Europa y América para poder sobrevivir, muchos de ellos de forma irregular, sus remesas a las familias se convirtieron, paradojas de la vida, en un pilar económico que fortaleció el régimen.

Prioridad nacional y Movimiento Nacional se parecen, son variantes de lo mismo. Hitler construyó su aberrante doctrina de prioridad nacional sobre el odio al pueblo judío y la exaltación de la raza aria para, una vez alcanzado el poder, perseguir también a opositores políticos, socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y discapacitados. Mucho se ha escrito sobre la alienación de una gran parte del pueblo alemán cegado por una ideología que mezclaba el odio al judío con la situación económica del país, las ansias de volver a la grandeza del I y II Reich con la revancha por las derrotas pasadas.

Sustituyan ahora judío por migrante. El discurso nazi caló en la población porque en un contexto de escasez, excluir a los otros aumentaba las oportunidades de los demás, pura antropología darwinista y también por la cobardía y el silencio de una parte importante de la ciudadanía indiferente ante la represión e injusticias que perpetraban las hordas nazis mientras no les afectaba directamente. Es lo que ahora está pasando, en EEUU., en Europa y desgraciadamente ha vuelto a España y no porque haya escasez de recursos sino porque la riqueza está mal distribuida por un sistema que consagra la desigualdad y denigra la solidaridad como expresan los ataques de Vox contra Cruz Roja, Cáritas u otras ONGs por ayudar a los migrantes que llegan a nuestras costas en situación de miseria absoluta.

“Los nacionales primero” dicen hoy quienes perdonan impuestos a los superricos a la vez que eluden invertir en mejorar los sistemas públicos de salud, educación, servicios sociales o viviendas. Porque esa es la estrategia: cuanto más colapsada esté la sanidad, más difícil sea el acceso a una vivienda digna o deteriorada la educación pública por el incremento continuado de la población, mejores condiciones subjetivas se crean para que una parte de la ciudadanía piense que la culpa de sus problemas la tienen los migrantes y termine abrazando las ideologías que destruyen los valores democráticos de justicia, igualdad y fraternidad. España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes con un PIB en alza y un desarrollo económico muy por encima de la media europea sin que se hayan hecho las mejoras correlativas en los servicios públicos proporcionales al incremento de la riqueza a la que tanto está contribuyendo la población migrante. Se han relegado y desatendido las crecientes necesidades de la población en los servicios públicos que siguen al mismo nivel que cuando España tenía 40 millones de habitantes: trenes de cercanías colapsados; ambulatorios y hospitales públicos desbordados con listas de espera indecentes; escuelas públicas colapsadas y profesores desatendidos a los que se les ofende con ocurrencias como la del gobierno catalán de enviar policía a los colegios en vez de garantizar profesores de refuerzo, buenos gabinetes psicopedagógicos o comedores gratuitos. Se aumenta así el malestar social, tradicional caldo de cultivo de ideologíadesborda totalitarias y de apartheid contra los que han venido de fuera a trabajar huyendo de la miseria y las guerras en sus países donde Occidente no ha sido ajeno a tanta desgracia.

Cuando se examina con mayor detenimiento el concepto de prioridad nacional se descubre que lo que está en juego es mucho más profundo que la gestión de los recursos limitados del Estado, lo que en el fondo se pretende es construir un sistema normativo inmoral que conduzca a la creación de infra personas, entendido como aquellas que están desprovistas de derechos esenciales, siguiendo las viejas ideologías totalitarias. Ese desplazamiento de los valores democráticos hacia el apartheid es jurídica y éticamente muy grave. La tradición constitucional europea nacida despues de 1945 tras el derrumbe del nazismo se edificó precisamente sobre la negación de la catástrofe humana del Holocausto incorporando la centralidad de la dignidad humana como fundamento del orden político. Desde esa perspectiva, la prioridad nacional aparece como una carga de profundidad contra los principios que legitiman al Estado democrático. Una cosa es reconocer deberes y derechos institucionales hacia la ciudadanía y otra muy distinta convertir la nacionalidad en criterio de jerarquización entre seres humanos. La prioridad nacional pretende esa transformación. Sustituye el principio de necesidad por el principio de pertenencia.

En una lógica genuinamente social, la pregunta relevante es quién necesita ayuda, quién se encuentra en situación de precariedad, quién carece de medios suficientes para vivir o quién padece una especial vulnerabilidad. En la lógica de la prioridad nacional, en cambio, la cuestión principal pasa a ser quién pertenece al grupo y quién debe ser expulsado. La diferencia no es menor. En el primer caso, el Estado responde a la fragilidad humana, en el segundo, responde a la ideología excluyente. Así, la pobreza del migrante vale menos que la pobreza del nacional, la enfermedad del migrante merece menor atención y su condición precaria se debr percibir como normal. Desde un punto de vista ético, la prioridad nacional desplaza el centro del derecho desde la persona hacia la tribu. Y esa mutación afecta al fundamento mismo de la democracia constitucional.

En este contexto, la obra del jurista Gustav Radbruch adquiere hoy una relevancia singular. Formado en la tradición jurídica alemana, profesor y antiguo ministro de Justicia de la República de Weimar, Radbruch contempló cómo el aparato normativo del Tercer Reich había convertido la ley en instrumento de barbarie. La pregunta que siguió a 1945 era inevitable: ¿cómo fue posible que atrocidades inimaginables hasta entonces se cometieran con apariencia de legalidad? Su conclusión es contundente: no basta con que una norma haya sido formalmente aprobada para merecer obediencia incondicional porque existe un límite que ninguna ley puede rebasar sin perder legitimidad. La fórmula de Radbruch establece esos límites y sostiene, en síntesis, que cuando la contradicción entre la ley promulgada y la justicia alcanza un grado intolerable, la ley debe ceder ante la justicia. Y, de manera aún más radical afirma que cuando una norma niega deliberadamente la igualdad y la dignidad humana que constituyen el núcleo esencial de la justicia, deja de ser derecho en sentido pleno. La tesis implica rechazar arbitrariedades judiciales y capitulaciones normativas. Radbruch sostiene que el derecho debe contener una pretensión interna de justicia sin la cual degenera en mera técnica de dominación. Aplicada al debate contemporáneo, la prioridad nacional no puede valorarse únicamente preguntando si el legislador tiene competencia para establecer diferencias entre nacionales y migrantes, debe preguntarse también si tales diferencias respetan el umbral de igualdad y dignidad inherente a toda comunidad civilizada.

La experiencia totalitaria condujo a la comunidad internacional a formular, por primera vez con vocación verdaderamente global, un catálogo común de principios inderogables. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Naciones Unidas constituyó una respuesta normativa al fracaso moral del nacionalismo totalitario. Su Preámbulo proclama la “dignidad intrínseca” y los “derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Frente a la fragmentación identitaria que había dividido Europa la Declaración sitúa a la humanidad como fundamento y punto de partida.

El artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. No dice todos los ciudadanos, ni todos los nacionales, ni todos los miembros de un determinado Estado. Dice todos los seres humanos. El artículo 2 añade que toda persona gozará de los derechos proclamados “sin distinción alguna”, mencionando expresamente el origen nacional como motivo vedado de discriminación. Esta arquitectura conceptual limita severamente cualquier doctrina de prioridad nacional que pretenda restringir derechos fundamentales por razón de extranjería. La ciudadanía puede organizar la participación política y ciertas relaciones institucionales, pero no puede convertirse en fundamento de discriminación jurídica. La Declaración Universal establece límites jurídicos que si los Estados los transgreden dejan de ser democráticos.

Por otra parte, la Constitución española de 1978 se incorporó plenamente a esta tradición. Tras una larga dictadura que suprimió las libertades democráticas, el parlamento constituyente asumió los valores del constitucionalismo europeo de posguerra. Dice el artículo 10.1 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” La elección de las palabras es concluyente, el fundamento del orden político no es la nación, ni la etnia, ni la historia compartida, ni la ciudadanía formal, sino la dignidad de la persona. El sujeto primero del constitucionalismo español es el ser humano como titular de derechos. Gustav Radbruch nos recuerda que una ley extremadamente injusta deja de merecer obediencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. La Constitución española de 1978 situó esa dignidad como fundamento del orden democrático. Los Estados pueden tener fronteras, la dignidad humana no. Que Minneapolis no tenga parada en España.

• Opinión

Moisès Vizcaino 05/05/2026 21:30

L’acte del dilluns 4 de maig a València en l’OctubreCCC de presentació de la Crida per la Unitat per tal de pressionar l’espai a l’esquerra del PSOE per presentar una candidatura única per tal de no “perdre cap vot progressista” -tal com es va explicar al mateix acte- i donar opcions a desallotjar el PP i els seus aliats de Vox de la Generalitat i els ajuntaments, és una mostra del neguit que hi ha en bona part del que podríem anomenar esquerra social, aquella que s’organitza i es manifesta en moviments socials, sindicats i teixit associatiu i que més enllà del vot, no participa directament en els afers interns dels partits.

Aquesta gent que, com tothom, està afectada per les polítiques públiques i, per tant, està directament interessada en desallotjar uns partits de govern que s’han caracteritzat per les polítiques antisocials, la persecució a la cultura i llengua valenciana, l’especulació i destrucció ambiental i l’absoluta ineficiència (no oblidem la gestió de la dana), també està preocupada per la possible incapacitat de l’espai a l’esquera del PSOE per crear una candidatura única que no dividisca el vot i deixe formacions fora de Les Corts i, per tant, el malbaratament d’uns milers de vots que poden ser essencials per aconseguir aquest canvi. Això ja va passar en les eleccions a Corts Valencianes el 2023.

Aquesta candidatura, per raons de fortalesa electoral, hauria d’estar coordinada i encapçalada per Compromís, que és a qui li toca assumir el repte d’aglutinar al País Valencià les diverses forces d’esquerra com EUPV, Podem, Sumar i ERPV, entre altres, sense abandonar el valencianisme ni perdre la independència com a projecte d’estricta obediència valenciana, i a opcions nacionalistes com Demòcrates Valencians i República Valenciana-Estat Valencià, entre altres projectes valencians comarcals i/o locals. Som conscients de la dificultat de l’operació que en alguns moments pot semblar la quadratura del cercle. Cal molta responsabilitat, humilitat i generositat per part dels dirigents polítics. Però ja diuen -no l’atribuirem a ningú, perquè l’origen està disputat- que “la política és l’art de fer possible allò impossible”.

Amb tot, aquest només seria el primer pas, imprescindible però no suficient, per reeditar un govern progressista a partir del 2027. Els resultats del 2023 assenyalen que no va ser només la desunió el que va impedir que les forces del Botànic sumaren. També va influir el factor desil·lusió. Una desil·lusió que va deixar desenes de milers de votants d’esquerres i sobiranistes a casa i va propiciar la victòria de PP i Vox.

En aquest sentit, el desastre de la gestió de la dreta i l’extrema dreta ja facilita parcialment la faena, però amb ràbia i anant a la contra no n’hi ha prou. És necessària una campanya centrada en els temes que més preocupa a la ciutadania valenciana i el compromís ferm i clar d’intervenir en aquests punts i no repetir l’errada de les mitges tintes, les dilacions i les solucions a mitges del Botànic.

Habitatge, transport públic, serveis públics (especialment sanitat i educació, però no només) i la situació de la llengua, la cultura i els mitjans de comunicació públics, són els quatre eixos -a més de la dignificació de les víctimes i de les protestes per la negligent gestió de la dana- sobre els quals s’han produït les majors protestes i mobilitzacions d’aquests darrers anys.

Són també, especialment l’habitatge, els temes que més preocupen a la gent segons les enquestes i són també uns temes que la dreta no pot resoldre i que, per tant, intentarà esquivar en el debat electoral intentant posar el focus en els seus temes estrella com la migració, la seguretat o l’amenaça catalanista. No es pot caure en la trampa. Cal centrar el debat en allò que importa a la gent, mostrar-se ferms i inflexibles amb mesures que poden ajudar a resoldre aquestes qüestions encara que siga a costa d’eixir-se’n del marc tancat imposat pels grans mitjans de comunicació de l’espanyolisme mediàtic.

És l’hora, com deia aquell lema polític, d’actuar amb valentia. Amb valentia de veritat per a millorar la qualitat de vida de les classes populars del poble valencià.

Acte "Crida a la unitat", a l'Octubre CCC de València | CAMDE PV

Vicent Àlvarez
05/05/2026 11:57

Benvinguda siga la “Crida a la unitat“, una iniciativa ciutadana que s’ha presentat al Cap i casal amb un plantejament que pretén impulsar “una acció social ampla oberta, d’esperit dialogant i renovador, que mantinga la tensió democràtica i l’exigència dels drets bàsics. Una tensió permanent que ha de servir també per afrontar amb esperança qualsevol contesa electoral”. L’introductor de l’acte, Miquel Alberola, plantejà “què fem ací tots i totes nosaltres”, gent ja gran, doncs, d’això es tracta, de buscar la unitat necessària per fer front a l’autoritarisme i la deriva que vivim i aquella que pot vindre.

A l’Octubre CCC, hi érem una gent que portem als muscles anys de feina i de compromís amb el país i els ideals d’esquerra. Observem i patim la regressió política i social, i cal doncs que l’esquerra, aquella que està organitzada sota unes sigles conforme “candidatures amb lleialtat, respecte i generositat, posant per damunt l’interès general i defugint els personalismes”. Existeix el desig de veure confluir, ajuntar-se les esquerres, amb voluntat de poder governat, arreplegant les opcions de progrés en relació amb temes com ara l’habitatge, el respecte al territori, la consolidació dels drets, un finançament just, i un llarg etcètera.

En acabar l’acte, algú em va preguntar com ho veia. Crec que cal fer quelcom, i no estar a l’espera de les concretes cites electorals. Una iniciativa ciutadana, com aquesta, pot ser una eina de pressió, de conscienciació, però, al final, les opcions debatran sobre llistes, acords, coalicions possibles, i en el millor dels casos, programes de govern, en els diversos àmbits (autonòmic, local, estatal). Sabem, però, que hi ha dificultats: lideratges en competència, opcions que consideren que són depositaries de la veritat, reticències a la dilució amb les forces d’àmbit espanyol, i la tendència a demanar programes de màxims o pel contrari, sota mínims. També cal comptar amb el PSOE, un partit que ha governat i, per tant, pot ser criticat per allò que no ha fet, o tal vegada no ha pogut.

L’experiència del Botànic hauria de ser considerada, amb els seus punts positius i les seues insuficiències. També, cal fer-ho amb la dels darrers anys de govern de coalició a l’Estat. Matèria per parlar en tenim, i per parlar en àmbits amplis de la ciutadania, una ciutadania que es troba prou distanciada de les elits, sotmesa als missatges propagandístics, gran part els quals estan manipulats. Pensem en les noves generacions, en les emocions a voltes equivocades.

Donem la benvinguda, la paraula, el debat, això sempre és important. En la mesura de les disponibilitats, hi ha allò que podríem esmentar com unes propostes de màxims, i també, unes prioritats més immediates o urgents.

DIARI LA VEU DEL PAÌS VALENCIÀ

Joan Canela València.
05/05/2026 08:26

Encara falta un any per a les pròximes eleccions valencianes però la sensació de fatiga per la deriva de l’actual govern del PP amb el suport de Vox comença a palpar-se en ambients progressistes. Les enquestes, a més, auguren un resultat molt ajustat entre els dos blocs polítics -i també dins dels blocs, però aquesta seria una altra història- i una de les claus seran els vots que vagen a formacions que després no aconseguisquen entrar en les Corts. Els vots “perduts”, en l’argot electoral habitual.

Enmig del debat sobre la candidatura que aglutine les forces a l’esquerra del PSOE -un debat que no és exclusivament valencià– ha sorgit la Crida a la Unitat, una iniciativa “d’uns amics jubilats, tal com es van autodefinir, que tenien la certesa que “sense unitat d’aquesta esquerra es repetiran els resultats del 2023”.

La reflexió no era només d’uns amics, veient la quantitat de gent que omplia l’Octubre, encara que potser sí que els jubilats eren el grup més majoritari a la sala. A més, tampoc es tracta d’una iniciativa aïllada, sinó que grups similars estan sorgint en diferents ciutats del País Valencià com Alacant, Castelló de la Plana, Elda o Gandia. I la demanda explícita era pressionar a les formacions d’esquerra perquè aparquen “les diferències i treballen en conjunt”, exigint-los “generositat” i “empatia”, en una demanda que potser el posa la vena abans de la ferida davant els previsibles mesos interminables d’esgotadores negociacions i titulars de premsa plens de desavinences i baralles quan arribe el moment de confeccionar les llistes.

Unitat per a què?

L’acte d’ahir, però, no va entrar en aquests detalls -“no venim a substituir ningú ni a competir amb ningú” es va repetir diverses vegades- sinó que va centrar-se en donar veu a diferents problemàtiques que necessiten un canvi de govern per poder millorar. Davant del faristol es va parlar d’habitatge, emergència climàtica, drets socials, llengua, sanitat, feminisme o territori.

Si el diagnòstic general va ser que l’actual aliança de la dreta i l’extrema dreta tenen conseqüències nefastes en la seua persecució al valencià, el desmantellament dels serveis públics o la promoció de l’especulació i destrucció del territori, no va quedar tan clar que qualsevol “govern progressista” servisca de recepta màgica per afrontar aquests reptes. L’activista de la PAH Ismael Sanz va deixar clar només pujar que “no ens comprometrem amb cap partit sense conèixer les seues mesures concretes en matèria d’habitatge”.

També l’històric activista Joan Olmos va recordar algunes preguntes que des del col·lectiu en defensa del territori Terra Crítica havien formulat el 2003 i continuaven hui en dia sense resposta: “dins l’àmbit de l’esquerra i el valencianisme massa sovint ens hem sentit molt sols”, va retreure sobre la dificultat d’implementar polítiques que defensen realment el territori fins i tot quan aquests governen. “No avancem només demanant unitat a l’esquerra. Cal demanar també compromisos i responsabilitat als polítics”. “Si volem unitat cal honestedat”, va reflexionar en una direcció similar, l’actriu Rosana Pastor, encarregada de cobrir l’àrea de cultura. Per la seua banda, l’activista feminista i internacionalista Consol Vidal va demanar que “els partits han de rebre la sàbia dels moviments socials, s’han de deixar contaminar”.

Qui potser va ser més explícit en aquesta recepta va ser l’activista Francesc Herrera -qui representava “els joves”- qui va definir una “esquerra institucional i una esquerra al carrer” i que aquesta segona és tan important com la primera a l’hora de definir “un programa d’esquerres sense embuts”, capaç d’iniciar “un procés emancipador que genere esperança”.

Una “esperança” potser més important encara que la “unitat” a l’hora de provocar tombs electoral. Però l’esperança després no es pot decebre, podria ser el to transversal de tots aquests activistes.

• Fachada del Centre Octubre, en una imagen de archivo.

• Foto: KIKE TABERNER

• Publicado: 04/05/2026 ·

12:10

VALÈNCIA (EFE). ‘Crida a la unitat’ es el nombre de una iniciativa ciudadana impulsada para reclamar la unidad de las fuerzas políticas de izquierda ante las próximas citas electorales, desde el convencimiento de que hay que “confluir contra el autoritarismo” y avanzar en derechos humanos básicos.

La iniciativa, que este lunes celebra su primer acto público en el Centre Octubre de València presentado por el actor Carles Alberola y con la actuación del cantautor Pau Alabajos, surgió el pasado mes de octubre de la mano de gente “muy implicada en movimientos sociales”, explica a EFE uno de sus portavoces, Alfons Álvarez.

“La sociedad civil no pinta nada a la hora de elaborar las listas electorales, pero puede ser un elemento de presión para que se hagan candidaturas lo más amplias posibles en el campo de las izquierdas”, destaca Álvarez, quien precisa que se han hecho también reuniones en Alicante y en Castellón para impulsar esta iniciativa.

‘Crida a la unitat’ cuenta con un manifiesto que reivindica que las fuerzas progresistas deben superar sus desavenencias y buscar la unidad para constituir candidaturas “con lealtad, respeto y generosidad”, donde pongan por encima el interés general y huyan de los personalismos.

“El sentido común y la unión de la izquierda transformadora es clave para el futuro inmediato”, destaca el documento, en el que se insta a dar “un paso adelante para derribar muros” que está levantando el autoritarismo, y alerta de que el progreso no está garantizado, porque “el odio y el negacionismo anuncian retrocesos preocupantes”.

Amigues i amics:

En gener d’enguany enllestirem el manifest de CRIDA A LA UNITAT, que s’ha donat a conèixer a grups de caràcter divers de distintes comarques i municipis del País Valencià que l’han fet seu. La proposta d’unió ha nascut de manera independent a Alacant, Gandia, Sagunt, València... grups que ara s’han coordinat. La iniciativa està en marxa i ha de donar noves passes endavant. LA CRIDA A LA UNITAT es va crear amb la idea d’arreplegar adhesions, expressades per mitjà de signatures que, dirigides a les forces de l’esquerra plural, servisquen per a que aquestes prenguen amb decisió el camí de la seua unitat davant les pròximes conteses electorals.

Ara és el moment de llançar amb força el treball de recollir signatures de les persones del món progressista valencià. Necessitem arreplegar-ne el màxim entre amics,coneguts i familiars de totes les generacions. Ens cal força i, precisament per això, vos demanem que cadascun de nosaltres faça eixe treball individual i col·lectivament.

El 4 de maig farem a València l’acte de presentació de la iniciativa de CRIDA A LA UNITAT. Fins ara ha estat en mans d’un grup impulsor, a partir d’ara és desitjable que l’activitat siga pública, coneguda i activada per a consolidar i crear opinió favorable a l’objectiu d’unitat que ens mou.

L’acte serà en la plaça/hall del Centre Octubre. Serà presentat i conduït per Carles Alberola i actuarà Pau Alabajos. Hi haurà diverses intervencions (curtes) del món sindical, feminista, ecologista, cultural, periodístic... activistes que explicaran com pensen espentar el treball.

Vos informem també que la web ja està en funcionament:

Crida a la unitat

Web de la crida

Per LaCrida

Necessitem les vostres idees i la vostra acció: com a societat democràtica amb futur, ens juguem molt els pròxims mesos.

18 d’abril del 2026

Grup impulsor de la iniciativa “Crida a la Unitat”

La CRIDA A LA UNITAT és una iniciativa ciutadana que té per objectiu crear opinió pública en favor de la unió de les forces de l’esquerra en les pròximes conteses electorals.

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