Los cálculos que hace Senadores y senadoras por la democracia —una iniciativa impulsada por figuras del mundo de la cultura, la comunicación o el derecho para generar listas unitarias de izquierdas de cara a las elecciones a la Cámara Alta— son prometedores. Tal y como explican a Público, hasta en 30 provincias existirían muchas posibilidades de que esa candidatura unitaria, que debería incluir al PSOE y a todos los partidos a su izquierda, lograra mejores resultados que en 2023 e invirtiera la mayoría de derecha a izquierda. Y tanto el propio PSOE como Sumar aseguran a este medio que, aunque todavía no han tomado una decisión en ese sentido, les suena bien la música y están dispuestos a sentarse a hablar.

Otras formaciones como IU, Más Madrid o Compromís no cierran la puerta y Podemos guarda, por el momento, silencio. El próximo 6 de octubre, la plataforma —con integrantes como Javier Pérez Royo, Cristina Monge o Santiago Alba Rico—, que ya cuenta con 4.000 firmas de apoyo, lanzará públicamente la iniciativa en un acto en el Ateneo de Madrid.

El objetivo de los promotores de la iniciativa es revertir el beneficio que obtiene el Partido Popular (PP) y, en general, la derecha en las elecciones al Senado debido a la fragmentación de las izquierdas. Aportan los siguientes cálculos. Las formaciones de derechas obtuvieron en las elecciones de 2023 el 49,9% de los votos, pero el 61,1% de los senadores. Las izquierdas, en cambio, consiguieron el 50,1% de los apoyos, pero solo el 38,9% de los representantes electos.

Se da, por lo tanto, un efecto de sobrerrepresentación propio del sistema electoral español, que podría mitigar una aventura unitaria al menos en un buen número de las circunscripciones. Pero, ¿cómo funciona, exactamente, la elección de senadores? En las elecciones se reparten cuatro senadores por provincia (salvo en Baleares y Canarias, donde se eligen tres en las islas grandes y uno en las pequeñas, y en Ceuta y Melilla, que eligen dos cada una). Pero el votante tiene sólo tres votos, en un sistema de listas abiertas; es decir, podría marcar el nombre de candidatos de diversos partidos. Lo habitual, sin embargo, es que los electores marquen tres nombres del mismo partido.

El resultado es que el partido con más votos, aunque la diferencia sea mínima sobre el segundo, se suele quedar con tres de los cuatro senadores de cada provincia. Por eso, el PP logró una diferencia tan abultada en 2023 con respecto al PSOE a pesar de que el marcador de votos fue casi de empate. Con solo 2,2 puntos porcentuales más que los socialistas, el sistema electoral catapultó a los populares hacia la mayoría absoluta. La fragmentación del voto en el bloque de la izquierda —32,7% el PSOE, 11,1% la candidatura de Sumar y 6,5% el resto de las izquierdas— restó diputados al PSOE y dejó sin uno solo a Sumar. El PP fue primera fuerza en 41 de las 59 circunscripciones, pero en algunas una candidatura con todas las izquierdas unidas habría superado a los populares.

Lo que propone la plataforma Senadores y senadoras por la democracia no es, necesariamente, listas conjuntas en todas las provincias, sino en aquellas en las que han detectado un mayor potencial beneficio de una candidatura unitaria. El investigador del CSIC y profesor universitario Juan Antonio Fernández Cordón concreta, en un estudio que sirve como referente a los promotores de la iniciativa, cuáles son esas 30 provincias en las que las izquierdas podrían maximizar su resultado y, por lo tanto, les convendría tejer listas unitarias.

Serían Bizkaia, Menorca, València, Teruel, Asturias, Pontevedra, A Coruña, Huelva, Badajoz, Cáceres, Cádiz, Castelló, Mallorca, Zaragoza, Alacant, Córdoba, Granada, Huesca, Jaén, Guadalajara, Málaga, El Hierro, León, Toledo, Madrid, Cuenca, Burgos, Albacete, Ciudad Real y Valladolid. En las siete primeras (de Bizkaia a A Coruña), la izquierda obtuvo, en 2023, más votos que las derechas, pero menos senadores. Ahí, explica el demógrafo, una candidatura unitaria que extremara el resultado sería fundamental para dar la vuelta a la tortilla. En Huelva, Badajoz y Cáceres hubo empate a nivel de senadores entre la derecha y la izquierda. En ese caso, una candidatura conjunta de las izquierdas permitiría ganar algún senador más, aunque el efecto sería menor que en las siete anteriores. Y en las otras 20 (de Cádiz a Valladolid) las derechas ganaron en porcentaje de voto y también obtuvieron más senadores. Una lista unitaria de izquierdas que la convirtiera en primera fuerza también podría aspirar a revertir el resultado. Todo ello, claro, si no hay una debacle generalizada en el bloque izquierdo.

No hay que perder de vista que, tal y como contó este medio, un PP que, eventualmente, lograra la mayoría de tres quintos en el Senado —algo que tampoco estuvo tan lejos en las pasadas elecciones—, podría hacer nombramientos en órganos como el Tribunal Constitucional (TC) o el Consejo General Poder Judicial (CGPJ) sin pactar con los socialistas. También plantear reformas agravadas de la Constitución.

Las izquierdas no cierran la puerta

Casi ninguno de los partidos de izquierda consultados por este medio se cierra a la iniciativa, pero algunos se muestran más entusiastas que otros. Fuentes del PSOE confirman que la iniciativa les ha llegado y que están “dispuestos a sentarse“. “El objetivo”, resuelven, “es evitar que el Senado se convierta otra vez en el circo de la derecha“. En Movimiento Sumar las sensaciones son muy parecidas. Fuentes del partido concretan que mantuvieron una primera toma de contacto con los promotores de la iniciativa en julio y que observan con interés la propuesta. Incluso es posible que alguna figura del partido asista a la presentación del 6 de octubre, que se llevará a cabo en la Sala Galdós del Ateneo.

Fuentes de Izquierda Unida explican que, si bien no se ha realizado ninguna propuesta oficial al partido, sí ha habido algunos contactos “informales” con algunas de sus federaciones. En cualquier caso, subrayan que la formación de Antonio Maíllo es “muy respetuosa con las propuesta de la sociedad civil”, aunque, en este caso, no pueden valorar una iniciativa que todavía no se les ha expuesto de forma oficial. De todas formas, estarán abiertos a hablar cuando eso ocurra.

Otras formaciones como Compromís o Más Madrid se mantienen a la expectativa, pero afirman que sería una propuesta “a estudiar“. En Podemos reina el silencio. En cuanto a ellos, la plataforma promotora explica que espera atraerlos a la causa, toda vez que una candidatura unitaria de izquierdas con un partido del bloque fuera de la misma podría funcionar como una “vía de escape“ que desbaratara la estrategia.

Formaciones como ERC o EH Bildu juegan en otro tablero porque, en el caso de Catalunya, la mayoría de los senadores se los queda el PSC, salvo algunos que caen en manos de ERC y otros —menos— en las de Junts. En Euskadi, por su parte, tampoco obtiene ninguno el PP. Se los reparten entre EH Bildu y el PNV. En Galicia, donde, en cambio, los populares sí son fuertes, el BNG prefiere no formar parte de pactos con fuerzas estatales de este tipo. Los gallegos son, en este caso, la excepción.

Quan a finals de l’any passat vam llançar “Crida a la unitat” ho férem pensant en les eleccions al Congrés, les autonòmiques a la Generalitat i les municipals. Totes importants, totes decisives per enfrontar l’amenaça a la democràcia que suposaria una majoria de dreta i extrema dreta. En aquell moment no valoràvem les del Senat, desconsiderant que les generals tenen dos components: les del Congrés i les del Senat. Ens pesava les enormes dificultats (afegides pel seu caràcter d’elecció pel sistema majoritari) d’aquestes últimes. Ara ens demana unes consideracions complementàries...

El desprestigi del Senat, sobre el que es repeteixen crítiques d’inutilitat amb certa freqüència i base, no ens deu fer oblidar que està lligat a la seua escassa representativitat territorial tal i com és ara. Escassetat i imprecisió de les seues funcions. La seua discutible operativitat obstaculitza i frena l’agilitat del Congrés, com s’ha demostrat en la present legislatura en la qual, a més, també s’ha desvirtuat la institució per a assetjar el govern de progrés amb comissions de investigació abusives.

Però la realitat és que el Senat existeix i que si les dretes guanyen en ell la majoria necessària, el nostre sistema constitucional estarà en greu perill: és a dir, podran reformar la Constitució mitjançant l’elecció de magistrats per al Tribunal Constitucional que la interpreten amb un biaix conservador i reaccionari. Si no ho evitem es possibilitarà (per la porta de darrere) el desmuntatge del nostre sistema de drets i garanties constitucionals. Ens la juguem, doncs.

Les funcions per un Senat Reformat haurien de ser la coordinació de les comunitats autònomes, la resolució dels conflictes entre elles i, sobretot, establir una política general de les autonomies que complete l’estat del benestar respectant les competències i particularitats de cadascuna. Això implicaria, entre altres, haver d’introduir modificacions de representativitat en el propi Senat i resoldre qüestions greus pendents com el finançament autonòmic. El Senat és una institució que demana reflexió, debat i modificacions institucionals profundes: però recordar-ho no és exactament l’objectiu d’aquestes línies.

Com sabeu, el sistema majoritari actual d’elecció del Senat, impedeix la pluralitat de la càmera en arribar a resultats com el de la present legislatura, d’una mancança completa de representativitat en ser pràcticament unicolor.

Hi ha una possibilitat de trencar eixa situació: un acord entre totes les forces de l’esquerra d’una votació creuada a uns candidats acordats de manera que es garantisca la majoria de vots. Tres candidats acordats per a votar-se pels electors de totes les forces de l’esquerra és possible i necessari (ixen quatre per demarcació però cada elector/a en vota tres). Aquesta opció té antecedents exitosos (l’Entesa catalana dels anys huitanta) i ara mateixa estan propugnant-la diverses personalitats (Pérez Royo, catedràtic de constitucional és qui la va llançar).

No podem desconèixer les dificultats d’eixa entesa, però mereix la pena intentar-la.

La nostra proposta és que ens sumem a la proposta i la defensem en els contactes que estem fent amb les diverses forces de l’esquerra valenciana per a impulsar la unitat.

Gràcies, com sempre, per la vostra col·laboració i interès.

Grup impulsor de la iniciativa “Crida a la Unitat” (24/09/2026)

También el Senado:

Cuando a finales del año pasado lanzamos “Crida a la Unitat” lo hicimos pensando en las elecciones en el Congreso, las autonómicas para la Generalitat y las municipales. Todas importantes, todas decisivas para enfrentar la amenaza a la democracia que supondría una mayoría de derecha y extrema derecha. En aquel momento no valorábamos las del Senado, pese a que las generales tienen dos componentes: las del Congreso y las del Senado. Nos pesaba las enormes dificultades (añadidas por su carácter de elección por el sistema mayoritario) de estas últimas. Ahora nos requiere unas consideraciones complementarias...

El desprestigio del Senado, sobre el que se repiten críticas de inutilidad con cierta frecuencia y base, no nos debe de hacer olvidar que está ligado a su escasa representatividad territorial tal y como es ahora; escasez e imprecisión de sus funciones. Su discutible operatividad obstaculiza y frena la agilidad del Congreso, como se ha demostrado en la presente legislatura en la que, además, también se ha desvirtuado la institución para asediar al gobierno de progreso con comisiones de investigación abusivas.

Pero la realidad es que el Senado existe y que si las derechas ganan en él la mayoría necesaria, nuestro sistema constitucional estará en grave peligro: es decir, podrán reformar la Constitución mediante la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional que la interpreten con un sesgo conservador y reaccionario. Si no lo evitamos se posibilitará (por la puerta de atrás) el desmontaje de nuestro sistema de derechos y garantías constitucionales. Así pues, nos la estamos jugando.

Las funciones por un Senado Reformado tendrían que ser las de coordinación de las comunidades autónomas, la resolución de los conflictos entre ellas y, sobre todo, establecer una política general de las autonomías que complete el estado del bienestar respetando las competencias y particularidades de cada una. Esto implicaría, entre otras, tener que introducir modificaciones de representatividad en el propio Senado y resolver cuestiones graves pendientes como la financiación autonómica. El Senado es una institución que requiere reflexión, debate y modificaciones institucionales profundas: pero recordarlo no es exactamente el objetivo de estas líneas.

Cómo sabéis, el sistema mayoritario actual de elección del Senado, impide la pluralidad de la cámara cuando se llega a resultados como el de la presente legislatura, de una carencia completa de representatividad al ser prácticamente unicolor.

Hay una posibilidad de romper esa situación: un acuerdo entre todas las fuerzas de la izquierda de una votación cruzada a unos candidatos acordados de forma que se garantice la mayoría de votos. Tres candidatos acordados para votarse por los electores de todas las fuerzas de la izquierda es posible y necesario (salen cuatro por demarcación pero cada elector/a vota tres). Esta opción tiene antecedentes exitosos (l’Entesa catalana de los años ochenta) y ahora misma están propugnándola varias personalidades (Pérez Royo, catedrático de constitucional es quien la lanzó).

No podemos desconocer las dificultados de ese entendimiento, pero merece la pena intentarla.

Nuestra propuesta es que nos sumamos a la propuesta y la defendemos en los contactos que estamos haciendo con las diversas fuerzas de la izquierda valenciana para impulsar la unidad.

Gracias, como siempre, por vuestra colaboració e interés.

Grupo impulsor de la iniciativa “Crida a la Unitat” (24/09/2026)

José Luis García Nieves

Diego Aitor San José

València08 AGO 2026 6:00

“Hay temas como la financiación, la inversión, la política social y la nueva relación del Gobierno de España a través del Estado que se tienen que tratar de manera territorial, en la cámara que entendemos que es de ámbito federal”. La frase es de mayo de 2016 y la dijo Ximo Puig ante la confección de las candidaturas para las elecciones generales de junio de ese año, convocadas medio año después de las anteriores después de que Podemos y el PSOE no llegaran a un acuerdo. Con ella, el entonces president de la Generalitat verbalizaba su deseo de una papeleta conjunta de todos los partidos progresistas al Senado en las tres circunscripciones valencianas, algo a lo que se opuso Pedro Sánchez y que una década después vuelve a aparecer en escena.

No es precisamente la izquierda la más dada al credo de la resurrección de la carne, pero otra cosa es qué puede ocurrir con las ideas. Y ahí la que ha regresado después de años en el limbo es la llamada de una 'Entesa' a la Cámara Alta, una unión de PSPV y el resto de partidos de la izquierda alternativa (véase Compromís, Podem, EU y Sumar) bajo una misma papeleta. La propuesta ya venía en la ponencia política de Iniciativa PV, una de las patas de Compromís, aprobada el pasado marzo en su congreso, la han reclamado un grupo de sociólogos, profesores, economistas, personalidades de la izquierda y profesionales de la sociedad civil y le ha dado una nueva sacudida un clásico de los socialistas valencianos: Alfred Boix.

Así, recordando la petición que hicieron en 2016 (y volvieron a mover en 2019) “para defender una verdadera cámara de representación territorial, útil para la ciudadanía y comprometida con el pluralismo de nuestra tierra”, el exsecretario de Organizaicón del PSPV reclama para las próximas elecciones generales “constituir listas conjuntas progresistas al Senado” al ver “cómo la mayoría del Partido Popular ha degradado el papel del Senado a una trinchera de bloqueo partidista, la lección de 2016 cobra más fuerza que nunca”. “Es imprescindible: por responsabilidad, para frenar la imposición y para recuperar el espíritu constitucional de una cámara territorial viva y al servicio de una España real y diversa”, expone.

Ximo Puig, aplaudido por la bancada socialista, tras ser elegido senador. / Levante-EMV

Boix ya no tiene el peso interno que tuvo, llegando a ser la mano derecha de Puig a nivel orgánico y un habitual en la sala de máquinas de las estrategias de la federación, pero eso no significa que su opinión sea inocua (es uno de los coordinadores en el Ayuntamiento de Gandia, agrupación con influjo propio en la federación) ni esta posibilidad sea inexistente.

De hecho, fuentes de la actual dirección nacional del PSPV admiten que ni es una mala opción ni debe ser descartable, aunque añaden que si se aborda será en el seno del PSOE. Y dentro de una estrategia “global”, es decir, homogénea en todas las circunscripciones, algo que ya frenó esta vía en 2016 y 2019, años en los que la izquierda valenciana compartía Consell en el Botànic.

Manifiesto de la sociedad civil

No es el único en la izquierda valenciana que ya ha manifestado este deseo. Iniciativa, el partido fundado por Mónica Oltra, salió de su congreso con el mandato de trabajar dentro de Compromís para promover “activamente una ‘entente en el Senado’ que incluya a fuerzas progresistas”. Fuentes de la formación aseguran ahora que están ello y celebran que ese debate comienza a moverse en el PSPV a sabiendas de que en Compromís puede tener encaje visto los antecedentes. “Evitar que el Senado esté bajo una mayoría azul o incluso verde es para planteárselo”, explican. Tampoco parece que haya sentado mal la propuesta entre históricos del antiguo Bloc (hoy Més), según ha constatado este diario.

El planteamiento también tiene eco nacional, ya que a mediados de julio un grupo de sociólogos, profesores, economistas, personalidades de la izquierda y profesionales de la sociedad civil lanzaron un manifiesto -Senadoras y senadores por la democracia- con la petición de listas conjuntas.

El objetivo de ese movimiento es que la Cámara Alta “deje de ser un búnker de la derecha”, según explican sus promotores a El Periódico. Esta posible unión de la izquierda en una sola lista podría tener, avanzan, un “efecto dinamizador” y “movilizador” en “un momento clave”, ya que consideran que “la democracia social y de derecho está en peligro por el auge de la derecha y la extrema derecha”, según explican los firmantes de la iniciativa.

Entre ellos hay decenas de activistas y profesionales como el sociólogo Enrique del Olmo, los economistas Bruno Estrada o Juan Torres, Cristina Almeida, Javier Pérez Royo, Carlos Berzosa, Cristina Monge, Gloria Elizo, Santiago Alba Rico, Javier Aroca, Marina Subirats, María José Pintor o Marta Nebot.

Aplausos durante la celebración del congreso de Iniciativa PV, en marzo. / Germán Caballero

La clave para esta posible alianza, y su diferencia respecto al Congreso de los Diputados, donde esta opción no está sobre la mesa, es la forma de elección de los senadores, con listas abiertas y de manera muy poco proporcional. Cada provincia elige a cuatro senadores y, como los electores suelen marcar con una X a los tres del partido de su elección (o llevar la papeleta recibida en casa con las X ya puestas), en casi todas las provincias suelen salir elegidos tres senadores de la lista mayoritaria y uno de la segunda, aunque la diferencia de votos entre ambas no sea grande. De ahí que en las últimas elecciones el PP obtuviera 121 senadores por los 73 del PSOE pese a haber superado a los socialistas en solo 1,38 puntos.

¿Qué efecto tendría?

Esa situación se dio en la Comunitat Valenciana en las últimas generales de julio de 2023. Los ‘populares’ se llevaron 8 de los 12 senadores en juego con la sorpresa de que en Valencia el PSPV logró adelantar al tercero del PP por apenas 7.000 votos. No obstante, si tanto en Valencia como en Castellón como en Alicante las dos candidaturas de la izquierda (la socialista y la de Compromís-Sumar) hubieran ido juntas, habrían superado a los aspirantes ‘populares’ y logrado nueve de los 12, dando un vuelco similar al que ahora se mira como posibilidad en el resto de España a la vista de cómo el Senado se ha convertido en un ariete del PP frente al Gobierno.

Un frente común de la izquierda para el Senado no solo no es nueva como idea, sino que tiene su ejemplo materializado en Cataluña. En las generales del 2000, 2004 y 2008, las principales formaciones del espacio progresista catalán (PSC, ERC e ICV-EUA) se presentaron en la misma papeleta bajo el nombre de ‘Entesa Catalana de Progrés’ en las cuatro circunscripciones logrando 12 de los 16 escaños en las dos últimas y 8 en las del 2000, en empate con CiU.

La iniciativa de Senadoræs por la Democracia convoca a la ciudadanía, las organizaciones sociales y los partidos políticos progresistas de todo el Estado español para que, de cara a las próximas elecciones generales, se involucren en la construcción de candidaturas conjuntas para el Senado en todas las circunscripciones provinciales.

El sistema de elección de senadoras y senadores supone un premio desorbitado para la lista que obtiene la mayoría relativa de los votos en cada circunscripción y una penalización extrema para el resto de las candidaturas. Lo habitual es que tres de los cuatro senadores provinciales elegidos directamente se asignen a la lista más votada, quedando el cuarto para el segundo partido. Los escaños del Senado se completan con los elegidos proporcionalmente por los parlamentos autonómicos, ahora mismo sometidos a las alianzas entre PP y VOX.

La mayoría absoluta en el Senado se ha estado utilizando de forma filibustera por el PP para tratar de impedir y obstaculizar la gobernabilidad del país durante esta legislatura. Sin embargo, su control en la próxima será aún más determinante, pues la cámara deberá nombrar cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, con el mandato ya caducado, que el PP bloquea esperando “tiempos mejores” para la derecha. El Senado que salga de las próximas urnas deberá también afrontar, en el año 2029, la renovación de la mitad de los miembros del CGPJ.

El PP aspira, con el apoyo de Vox y el desplome y la fragmentación de las fuerzas progresistas, a obtener un cuatro a cero en muchas provincias y alcanzar una mayoría de tres quintos en el Senado que les permita controlar esos órganos judiciales, que se han mostrado decisivos hasta ahora. En este contexto es esencial sacudirse cualquier derrotismo, recalcar que la suerte de las próximas elecciones generales aún no está echada y que la verdadera prioridad nacional es impedir que las circunstancias para el triunfo conservador se den. El futuro no está escrito ni decidido; depende de cada voto que se deposite en las urnas.

Es esencial que el Senado sea una cámara que impida el control por las derechas de los órganos judiciales mencionados. La división y pugna electoral entre ellas nos concede una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista.

Nuestro objetivo es que las próximas elecciones generales renueven la posibilidad de una coalición progresista y el Senado deje de ser una herramienta de crispación política que obstaculice la gobernabilidad del país. Hay tiempo para movilizar al electorado y reeditar una mayoría política y social capaz de sostener un nuevo acuerdo de gobierno progresista que continúe, mejore y profundice la labor desarrollada por los últimos gobiernos de coalición.

Con esta iniciativa reclamamos también el carácter de cámara territorial del Senado, que en la actual realidad ecosocial adquiere una nueva dimensión política al dar un plus de poder electoral a las provincias vaciadas, las más castigadas por los incendios y la desertización asociadas al cambio climático. Aspiramos, por ello, a recoger las expresiones políticas ya existentes de la sociedad civil que apuestan por un nuevo equilibrio territorial del poder.

Defendemos que la mayoría social y electoral de este país es demócrata, y que en este momento considera esencial anticiparse para impedir las regresiones legislativas marcadas por las pulsiones antisociales, xenófobas, machistas, racistas, autoritarias y excluyentes que impulsarían las derechas más reaccionarias nada más llegar al poder.

En el Senado se eligen personas y los programas electorales tienen menos relevancia. Converger en torno a la defensa de la democracia no es tarea que se pueda circunscribir a los partidos políticos, pero es fundamental su generosidad para que fragüe una iniciativa en la que todos tenemos mucho que ganar, pues puede redundar en una mayoría en la Cámara Alta. Nuestra voluntad es empujar para que siga adelante y combatir cualquier actitud que la ignore o minimice.

Somos plenamente conscientes de la diversidad territorial, social, ideológica y política existente en nuestro país. Por ello, debe ser en el ámbito descentralizado, de comunidades autónomas y provincias, donde se tengan que tomar las decisiones definitivas sobre esta iniciativa y las personas más adecuadas para representarla.

Existen valores y objetivos compartidos que obligan a actuar conjuntamente, sin condicionamientos previos y con una clara perspectiva común de revertir la ola reaccionaria que nos asola. Ningún interés particular puede estar por encima de lo que como sociedad democrática necesitamos. Los matices y las diferencias no pueden desdeñarse ni ocultarse, pero no deben situarse por encima de los valores que todos decimos compartir.

Llamamos a los colectivos sociales y territoriales existentes a que asuman esta iniciativa sin esperar al último momento preelectoral, y a que se coordinen con las fuerzas políticas locales para facilitar su éxito. Buscamos fortalecer una amplia confluencia de esfuerzos democráticos, sin ninguna perspectiva orgánica, en un momento trascendental para la democracia en España.

Esta declaración no es ni pretende ser un llamamiento retórico a la unidad. Es una fórmula práctica para llamar a la participación social y empujar a la cooperación de las fuerzas progresistas con el objetivo de reforzar la calidad de nuestro sistema democrático. El objetivo final de la propuesta Senadoræs por la Democracia es ilusionar y activar a la ciudadanía para implicarla en las trascendentales decisiones democráticas que afectarán a su futuro y a la mejora de la vida de la mayoría.

Todos los participantes en esta iniciativa y la mayoría democrática del país tendrían mucho que ganar con la concreción de esta propuesta.

Únete al manifiesto haciendo click aquí

La actual forma de elección de los senadores en listas abiertas tiene un efecto electoral mayoritario y muy poco proporcional. Cada provincia elige a cuatro senadores y, como los electores suelen marcar con una X a los tres del partido de su elección (o llevar la papeleta recibida en casa con las X ya puestas), en casi todas las provincias suelen salir elegidos tres senadores de la lista mayoritaria y uno de la segunda, aunque la diferencia de votos entre ambas no sea grande.

Por ejemplo, en 2023, el PP ganó las elecciones generales con el 33,09% de los votos, poco más que el PSOE, que tuvo el 31,68%, una diferencia de menos de 340.000 votos sobre un censo de 37,5 millones de electores. Sin embargo, el resultado en el Senado arrojó 121 senadores electos para el PP y 73 para los socialistas, con lo que la derecha tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta a pesar de haber superado al PSOE en solo 1,38 puntos.

Los promotores de la iniciativa han extrapolado los resultados de 2023 a la fórmula que ahora proponen y en muchas provincias, el 3-1 inicial para el PP se da la vuelta en favor de las fuerzas progresistas, de forma que el resultado habría sido 134 senadores para la izquierda y 59 para el PP. Por eso, asegura el manifiesto, esta unión de la izquierda sería “una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista”.

Los firmantes iniciales del manifiesto lo forman decenas de activistas y profesionales como el sociólogo Enrique del Olmo, los economistas Bruno Estrada o Juan Torres, Cristina Almeida, Javier Pérez Royo, Carlos Berzosa, Cristina Monge, Gloria Elizo, Santiago Alba Rico, Javier Aroca, Marina Subirats, María José Pintor o Marta Nebot. Varias personalidades del mundo de la cultura como Víctor Manuel, María Barranco, Miguel Reyán, Antonio de la Torre o Bob Pop también se han adherido al mismo. Y la lista se sigue ampliando, explican. Ninguno de ellos tiene la pretensión de ser senador. Lo que quieren es que el PSOE y los partidos a su izquierda se pongan de acuerdo "en torno a la defensa de la democracia" para hacer listas conjuntas provincia a provincia y así "frenar el avance la derecha y la extrema derecha".

"Ni siquiera tendrían que negociar o aprobar un programa conjunto", explica a EL PERIÓDICO Bruno Estrada, "cada uno llevaría el programa de su partido y luego formaría grupo parlamentario por separado, pero juntos podrían frenar a la derecha".

Sería una oportunidad única para obtener una rotunda mayoría progresista

Los promotores han tenido ya contactos informales, algunos del máximo nivel, con el PSOE, Sumar, Izquierda Unida o Podemos, entre otras formaciones. Y “la acogida, de momento, ha sido positiva y de escucha”, explica Enrique del Olmo, histórico militante socialista y expreso del franquismo que ha militado también en otras formaciones de izquierdas.

El grupo ha abierto una página web donde ha colgado el manifiesto -senadoresporlademocracia.es- y ya ha recibido la adhesión en escasas tres semanas de más de 1.800 personas. Como explican, ya tienen redes organizadas en varias comunidades autónomas para expandir la iniciativa. Así ocurre ya en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana. Estrada asegura que algunos de los dirigentes contactados han respondido positivamente porque "consideran que estamos en un momento de emergencia democrática" y "bajo la posibilidad real de una mayoría de la derecha y la extrema derecha que puede hacer retroceder a España muchos años en derechos y libertades".

El manifiesto denuncia que el Senado se ha convertido esta legislatura en "una herramienta de crispación política que obstaculiza la gobernabilidad del país", con innumerables comisiones de investigación controladas por el PP o tumbando las iniciativas que aprueba el Congreso. Pero en los próximos cuatro años, "puede ser aun más determinante" porque la Cámara Alta tendrá que elegir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional y, en 2029, renovará a la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Como recuerda este grupo de intelectuales, el PP aspira en 2027 a conseguir un 4-0 en "muchas provincias" porque si Vox fuera la segunda fuerza en algunas de ellas, los populares tendrían tres escaños en cada una de ellas y el último sería para el partido de Santiago Abascal. Y esta iniciativa, resaltan, podría contribuir a impedirlo.

A l'entrada del CEIP Pare Català s'exhibeixen diferents cartells i pancartes de suport a la vaga

Joan Canela València 03/06/2026

La vaga indefinida a l’educació ja fa dies que ha deixat de ser una qüestió simplement laboral per convertir-se en una protesta social en defensa de l’ensenyament públic d’unes dimensions desconegudes en dècades.

Un nou exemple d’aquesta mobilització arriba del barri de Benimaclet de València on dues de les entitats més potents del barri han organitzat sengles iniciatives de suport a la vaga.

La primera serà demà dijous 4 de juny i està impulsada per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Pare Català. “Davant la situació actual, i per mostrar el nostre suport a la vaga indefinida del professorat, hem decidit sumar-nos a la defensa de l’escola pública amb una acció col·lectiva que permeta compartir, reivindicar i construir comunitat”, segons s’explica des de la mateixa associació.

En concret, s’ha convocat una acampada dins del mateix recinte escolar, oberta a “totes les famílies, mestres, xiquetes i xiquets” que s’iniciarà a les 19 hores i s’allargarà tota la nit fins al matí del divendres, quan es desmuntaran les tendes coincidint amb l’inici de l’horari escolar, amb una concentració i lectura de manifest a les portes del carrer Diógenes López Mecho.

Durant l’acció, s’han organitzat diferents tallers i activitats per a la xicalla, amb la participació de la Jove Muixeranga de València i la Colla de Dolçaines «Estrela Roja» de Benimaclet.

“Volem que aquesta siga una trobada de tota la comunitat educativa: mestres, famílies i alumnat, perquè entenem que l’escola pública la construïm entre totes i tots, i que defensar unes condicions dignes per a qui educa és també defensar el dret a una educació pública, de qualitat i en valencià”, han afirmat des de l’AFA del CEIP Pare Català.

Concert solidari al CIM

Per la seua banda, la Big Band de Benimaclet, vinculada al Centre Instructiu (CIM) del mateix barri ha convocat un “assaig públic per al proper dilluns 8 de juny a les 22 hores per tal de recaptar fons per a la caixa de resistència dels docents en vaga.

“El CIM de Benimaclet vol donar suport al professorat que es troba en vaga indefinida i ho farem com millor sabem, amb música. La música alça la veu!” han explicat des del seu perfil d’Instagram on anuncien la iniciativa on “l’entrada serà voluntària”.

Joan A. Llinares Gómez

La cuestión no es tanto si la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero está o no justificada, que ya lo decidirán los tribunales. La pregunta que nos hacemos desde mucho antes del escándalo es cómo es posible que los expresidentes, que teniendo asignada una retribución del Estado nada despreciable y una estructura de apoyo sostenida con fondos públicos, se consagren a actividades privadas, de escasa o nula vinculación con el interés general, que les reportan sustanciosas ganancias adicionales.

Tampoco se trata de cuestionar que una empresa en situación económica crítica por causas objetivas como fue la pandemia del covid-19 reciba ayudas del Estado. En realidad, lo que necesita una respuesta urgente es cómo es posible que estas ayudas no vengan seguidas de una monitorización de las empresas beneficiarias para asegurar que los recursos públicos recibidos se aplican a los fines para lo que se concedieron y que no se desvía ni un euro.

El funcionamiento de las oficinas de los expresidentes del Gobierno en España, a las que habría que añadir las de los expresidentes autonómicos (ahí tienen a un personaje tenebroso como Mazón disfrutando de estos privilegios), constituye uno de esos mecanismos institucionales que revelan con meridiana claridad la cultura política del país. No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria ni de discutir si un expresidente debe disponer de escolta, despacho o personal de apoyo. El problema de fondo es qué idea del poder subyace en estas prerrogativas, cómo se relacionan las oficinas con la sociedad y cuál el marco de integridad que debe regir el uso de recursos y privilegios pagados con fondos públicos.

En España, la regulación de estas oficinas procede esencialmente de un real decreto aprobado durante el gobierno de Felipe González. La norma es sorprendentemente escueta y ambigua. Cada expresidente dispone de personal eventual designado libremente, un puesto de nivel 30, el máximo que existe en la administración, y otro puesto de nivel 18, más los gastos de funcionamiento de la oficina, vehículo oficial, escoltas y otros medios sufragados por el Estado.

Todo ello se justifica formalmente en la necesidad de preservar la dignidad del expresidente, facilitar actividades institucionales, representación del Estado o atención a compromisos derivados de la antigua responsabilidad ejercida. Sin embargo, la norma nunca precisó qué debe entenderse exactamente por “actividad institucional”, ni estableció criterios verificables para distinguir entre interés público y actividad privada. Tampoco estableció una fiscalización detallada del gasto y mucho menos una obligación de rendir cuentas mediante memorias anuales que deberían presentarse ante el Parlamento que es quien aprueba la dotación económica que las sustenta a través de los presupuestos generales del Estado.

La gravedad aumenta cuando esa opacidad coincide además con actividades privadas de enorme influencia política o económica. Un expresidente no es un ciudadano cualquiera. Conserva relaciones diplomáticas, acceso privilegiado a líderes internacionales, información sensible acumulada durante años y una capacidad de influencia derivada directamente del cargo previamente ejercido. Precisamente por ello, la fijación de las incompatibilidades y la exigencia de transparencia para las actividades de los expresidentes y sus oficinas debería ser extraordinariamente rigurosa.

Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia que pretenda alcanzar estándares de buen gobierno no puede sostener zonas opacas de gasto público y menos en órganos desde los que se puede ejercer influencias muy poderosas. La exigencia debería ir en sentido contrario porque la integridad pública se construye desde arriba y cuanto mayor ha sido la responsabilidad ejercida y mayor el poder de influencia latente, mayor debería ser la obligación de transparencia, ejemplaridad, rendición de cuentas y alineamiento con el interés general.

Pero esto desgraciadamente no forma parte de la tradición política que España ha arrastrado durante los cuarenta años de alternancia política del PSOE y el PP. El fenómeno, por lo tanto, no afecta solo a un partido, sino que ha estado normalizado de forma transversal compartiendo una misma visión. Por eso venimos oyendo con insistencia: por qué a Rodríguez Zapatero, si los demás expresidentes también reciben emolumentos de empresas privadas por regla general vinculadas a los oligopolios que sus respectivos gobiernos ayudaron a consolidar. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más preocupantes de lo que está ocurriendo: hemos asumido como algo normal esas puertas giratorias que sitúan a expresidentes, y también muchos exministros, en consejos de administración, asesorando o intermediando en negocios que nada tienen que ver con el interés público.

Cuando se intenta minimizar los hechos imputados a Rodríguez Zapatero alegando que otros expresidentes hacen cosas semejantes –o incluso peores, recordando las conductas atribuidas al propio rey emérito–, no se está defendiendo realmente la necesidad de que quienes disfrutan de privilegios públicos se comporten respetando los principios de buen gobierno e integridad. Cuando la conducta impropia deja de analizarse conforme a principios y valores y pasa a justificarse mediante comparaciones, la noción de buen gobierno desaparece para ser sustituida por una contabilidad del “y tú más”. Una mala praxis no se legitima por su repetición; al revés, se convierte en un sistema donde desaparece la frontera entre lo correcto y lo inadmisible. Todo queda reducido a una competición tribal donde cada bando político administra indulgencia para los propios y severidad para los adversarios.

Así, las oficinas de los expresidentes dejan de percibirse como un instrumento institucional y pasan a integrarse en un ecosistema de privilegios acumulativos: consejos de administración, conferencias millonarias, fundaciones opacas, redes de influencia internacional y utilización del prestigio institucional adquirido en el ejercicio del cargo para fines privados con apariencia de interés público.

Mientras cualquier funcionario o cargo público debe justificar minuciosamente dietas, desplazamientos o gastos relacionados con su actividad y observar un régimen de incompatibilidades que le limita o impide una actividad profesional privada, y mientras el perceptor de una ayuda pública debe aportar justificantes de hasta el último céntimo, las oficinas de los ex presidenciales disfrutan de asignaciones que nadie fiscaliza mientras confunden lo institucional con el negocio privado, la conclusión inevitable es que el sistema no funciona bien.

La propia OCDE ha remarcado recientemente que España es uno de los pocos países desarrollados que nunca ha tenido una estrategia integral y permanente de prevención y lucha contra la corrupción que abarque de forma coordinada el conjunto de las administraciones, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los sistemas de contratación y gestión de fondos públicos. Esa carencia resulta especialmente grave porque España sí dispone, en muchos ámbitos, de normas formalmente avanzadas. El problema no reside tanto en la inexistencia de legislación, sino en la enorme distancia entre norma y práctica debido a la ausencia de órganos especializados en la prevención y detección temprana de conductas contrarias a la integridad pública.

Los informes recientes de la OCDE muestran precisamente esa contradicción: España obtiene puntuaciones relativamente altas en regulación formal de integridad, conflictos de intereses o transparencia, pero suspende en la aplicación efectiva y en la práctica institucional. El caso paradigmático es el de los lobbies: España carece todavía de un verdadero sistema de control y registro de grupos de interés, obteniendo un 0% en aplicación práctica según los indicadores de integridad pública de la OCDE. Y todas estas carencias solo se pueden atribuir a una clara voluntad política persistente, de unos y otros, para seguir como estamos.

No se trata únicamente de posibles conductas delictivas porque fiar la lucha contra la corrupción exclusivamente al código penal, como ahora ocurre, ya implica un fracaso en la prevención en un contexto de normalización de prácticas donde hay conflictos de interés; acceso privilegiado a información; opacidad y ausencia de controles eficaces. Todos los casos reflejan un patrón conocido: debilitamiento de los controles internos, insuficiente independencia de los órganos fiscalizadores, politización de las instituciones supervisoras y una alarmante tolerancia social hacia determinadas formas de corrupción “menor”.

El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando alcanza a figuras que habían construido una imagen pública asociada al reformismo o al progresismo ético. No me consta que durante el mandato de Rodríguez Zapatero se produjera un solo caso de corrupción en el seno de su gobierno, por lo que las informaciones contenidas en el Auto de imputación añaden un componente de decepción y erosión moral de un referente político.

En este contexto, las advertencias del Greco, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, adquieren especial relevancia. Su informe más reciente subraya la falta de medidas decididas y resultados tangibles respecto a la integridad de altos cargos del Gobierno central. El Greco insiste desde hace años en cuestiones esenciales que España continúa sin resolver plenamente: regulación de asesores, agendas públicas, conflictos de intereses, puertas giratorias, transparencia de lobbies y fortalecimiento de órganos independientes de supervisión.

La consecuencia de todo ello no es solo jurídica o política, es profundamente democrática. La corrupción sostenida destruye la confianza social, degrada la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano. Cuando la percepción pública es que los mecanismos de control dependen de los propios partidos involucrados en malas praxis, el sistema político pierde credibilidad en favor de opciones totalitarias. No es casual que Transparencia Internacional haya vuelto a rebajar la posición de España en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El verdadero problema español no es únicamente la existencia de corrupción, sino la negativa histórica para construir un verdadero sistema estatal de integridad pública independiente de los partidos. Mientras otros países europeos han desarrollado agencias estatales de integridad fuertes e independientes, sistemas de prevención, protección efectiva de denunciantes y controles internos y externos robustos, España continúa fragmentando competencias, debilitando o suprimiendo organismos incómodos.

La lucha contra la corrupción exige mucho más que reformas penales o declaraciones políticas solemnes que luego quedan en nada. Requiere una transformación social e institucional basada en pilares como independencia real de los órganos de control; profesionalización y despolitización de la administración; regulación estricta de grupos de interés (lobbies) y supresión de puertas giratorias; protección efectiva del denunciante de corrupción; transparencia radical en contratación pública y gestión de fondos; sistemas preventivos de integridad; y una ética pública incompatible con la colonización partidista del Estado y sus instituciones.

Esto solo será posible cuando los partidos políticos decidan, tras la correspondiente catarsis, un pacto estatal contra la corrupción extendido también a cada comunidad autónoma. En el caso concreto del funcionamiento de las oficinas de los expresidentes deberían incluir al menos cinco principios básicos: transparencia absoluta de las agendas, transparencia en los fondos públicos que manejan, limitación temporal de privilegios, incompatibilidades estrictas y rendición pública periódica de actividades realizadas.

Sin esa transformación, España seguirá atrapada en un ciclo repetitivo de escándalo, indignación, comisión parlamentaria, desgaste mediático, desconfianza ciudadana y normalización del deterioro institucional. Y en ese ecosistema degradado es donde avanzan imparables los enemigos de la democracia.

• Samuel Martínez Madrid-18/03/2026 21:40

Público

El Partido Popular (PP) obtuvo en las últimas elecciones generales 145 senadores. Son muchos parlamentarios por encima de la mayoría absoluta. Actualmente, un 54% de los senadores son populares. Sin embargo, el porcentaje de electores que se decantó por el PP el 23-J es mucho menor. Solo les votó un 33,06% del total. Se da, por lo tanto, un efecto de sobrerrepresentación propio del sistema electoral español. Un grupo de intelectuales, en un artículo enviado a Público, propone tener en cuenta ese sistema para presentar una lista única de fuerzas progresistas que pueda desbancar al PP en el Senado [puedes leer el artículo aquí].

Los firmantes del artículo sostienen que con una lista unitaria potente que supere a la del PP —partiendo de la base de que el PSOE ya se colocó a menos de dos puntos porcentuales de los de Feijóo en 2023—, la opción progresista saldría beneficiada por el sistema de reparto de escaños en el Senado.

El artículo está firmado por las siguientes personas: la abogada Cristina Almeida; el ensayista y filósofo Santiago Alba Rico; la antropóloga María José Capellín; el sociólogo y político Enrique del Olmo; la abogada y también política Gloria Elizo; los economistas Bruno Estrada y Gabriel Flores; el historiador y sindicalista Pedro González de Molina; el constitucionalista Javier Pérez Royo; la periodista María José Pintor; la psicóloga Elena Martín; la politóloga Cristina Monge; el político Jesús Montero; el economista y director de Espacio Público Ignacio Muro; la periodista Marta Nebot; la documentalista Inocencia Soria, y la socióloga y filósofa Marina Subirats.

¿Cómo funciona exactamente la elección de senadores y por qué premia a la lista más votada? En las elecciones se reparten cuatro senadores por provincia (salvo en Baleares y Canarias, donde se eligen tres en las islas grandes y uno en las pequeñas, y en Ceuta y Melilla, que eligen dos cada una). Pero el votante tiene sólo tres votos, en un sistema de listas abiertas; es decir, podría marcar el nombre de candidatos de diversos partidos. Lo habitual, sin embargo, es que los electores marquen tres nombres del mismo partido. El resultado es que el partido con más votos, aunque la diferencia sea mínima sobre el segundo, se queda con tres de los cuatro senadores de cada provincia.

Ello explica en buena parte que el PP lograse una diferencia tan abultada en el número de senadores en las elecciones de 2023 pese a que, en porcentaje de voto, se dio casi un empate con el PSOE: los populares lograron un 33,06%, mientras que los socialistas se hicieron con un 31,68%.

Una lista única progresista para aprovecharlo

El grupo de firmantes del manifiesto El senado importa insiste en que “el conjunto de las fuerzas democráticas y progresistas tiene la oportunidad y la obligación“, en las próximas elecciones, “de rescatar al Senado de las manos de la derecha reaccionaria y de su estrategia excluyente, antisocial, autoritaria y trumpista“.

En concreto, piden “negociar unas listas únicas de carácter democrático para el Senado que permitan obtener una amplia mayoría de escaños”, algo que “es posible y contribuiría a esperanzar y movilizar a un electorado que ahora carga con la incertidumbre y el miedo que provoca la posibilidad cierta de que las derechas reaccionarias revaliden su actual mayoría”.

La propuesta es una fórmula particular y concreta para el Senado, aunque lo cierto es que ha llegado en un momento en el que el debate sobre la unidad de las izquierdas está sobre la mesa. Como especifican en el texto, generar listas únicas en la Cámara Alta requeriría de un esfuerzo por parte de todos los agentes que componen el espacio, incluyendo al PSOE, pero subrayan que servirá para seducir a “una mayoría social y electoral demócrata que puede detener con su voto las pulsiones antidemocráticas, xenófobas, machistas, racistas, autoritarias y excluyentes de la extrema derecha”.

Además, en el artículo también se apunta a un asunto clave. La nueva composición del Senado será la encargada de que se supere “el actual bloqueo político en la designación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser renovados”. Por lo tanto, una mayoría progresista en esa cámara es crucial también en términos de poder judicial.

Uno de los rasgos más significativos de la crisis política y moral de nuestro tiempo es la reaparición de doctrinas que creíamos desaparecidas o al menos arrinconadas tras las grandes catástrofes mundiales del siglo XX. La doctrina Minneapolis puesta en auge en España por los pactos de Vox y el PP con el apoyo de un sector importante de la población bajo el nombre de prioridad nacional, no es nueva ni original. El señalamiento con fines persecutorios de un colectivo humano por razones de raza, credo u otras condiciones diferenciales ha sido una constante a lo largo de la historia. En España, en 1492 se expulsó a los judíos, en 1609 a los moriscos, durante los dos siglos siguientes la Inquisición se encargó de perseguir, encarcelar o quemar a los que se quedaron. Judíos y moriscos de Andalucía, País Valenciano o Castilla-La Mancha llevaban viviendo en la península desde siglos antes de que llegasen los cristianos con la llamada “reconquista”. De nada les sirvió el arraigo ni el vínculo ancestral con su tierra.

Durante la dictadura franquista también hubo prioridad nacional contra los propios españoles: quienes eran afectos al dictador tenían prioridad en todo por la gracia del llamado Movimiento Nacional mientras que los desafectos al régimen eran excluidos y perseguidos. Con el golpe de estado franquista España retrocedió decenas de años social y económicamente. Tener empleo era sencillo para los afectos al régimen, para los demás una verdadera suerte. Tres millones de españoles tuvieron que emigrar a Europa y América para poder sobrevivir, muchos de ellos de forma irregular, sus remesas a las familias se convirtieron, paradojas de la vida, en un pilar económico que fortaleció el régimen.

Prioridad nacional y Movimiento Nacional se parecen, son variantes de lo mismo. Hitler construyó su aberrante doctrina de prioridad nacional sobre el odio al pueblo judío y la exaltación de la raza aria para, una vez alcanzado el poder, perseguir también a opositores políticos, socialistas, comunistas, gitanos, homosexuales y discapacitados. Mucho se ha escrito sobre la alienación de una gran parte del pueblo alemán cegado por una ideología que mezclaba el odio al judío con la situación económica del país, las ansias de volver a la grandeza del I y II Reich con la revancha por las derrotas pasadas.

Sustituyan ahora judío por migrante. El discurso nazi caló en la población porque en un contexto de escasez, excluir a los otros aumentaba las oportunidades de los demás, pura antropología darwinista y también por la cobardía y el silencio de una parte importante de la ciudadanía indiferente ante la represión e injusticias que perpetraban las hordas nazis mientras no les afectaba directamente. Es lo que ahora está pasando, en EEUU., en Europa y desgraciadamente ha vuelto a España y no porque haya escasez de recursos sino porque la riqueza está mal distribuida por un sistema que consagra la desigualdad y denigra la solidaridad como expresan los ataques de Vox contra Cruz Roja, Cáritas u otras ONGs por ayudar a los migrantes que llegan a nuestras costas en situación de miseria absoluta.

“Los nacionales primero” dicen hoy quienes perdonan impuestos a los superricos a la vez que eluden invertir en mejorar los sistemas públicos de salud, educación, servicios sociales o viviendas. Porque esa es la estrategia: cuanto más colapsada esté la sanidad, más difícil sea el acceso a una vivienda digna o deteriorada la educación pública por el incremento continuado de la población, mejores condiciones subjetivas se crean para que una parte de la ciudadanía piense que la culpa de sus problemas la tienen los migrantes y termine abrazando las ideologías que destruyen los valores democráticos de justicia, igualdad y fraternidad. España está a punto de alcanzar los 50 millones de habitantes con un PIB en alza y un desarrollo económico muy por encima de la media europea sin que se hayan hecho las mejoras correlativas en los servicios públicos proporcionales al incremento de la riqueza a la que tanto está contribuyendo la población migrante. Se han relegado y desatendido las crecientes necesidades de la población en los servicios públicos que siguen al mismo nivel que cuando España tenía 40 millones de habitantes: trenes de cercanías colapsados; ambulatorios y hospitales públicos desbordados con listas de espera indecentes; escuelas públicas colapsadas y profesores desatendidos a los que se les ofende con ocurrencias como la del gobierno catalán de enviar policía a los colegios en vez de garantizar profesores de refuerzo, buenos gabinetes psicopedagógicos o comedores gratuitos. Se aumenta así el malestar social, tradicional caldo de cultivo de ideologíadesborda totalitarias y de apartheid contra los que han venido de fuera a trabajar huyendo de la miseria y las guerras en sus países donde Occidente no ha sido ajeno a tanta desgracia.

Cuando se examina con mayor detenimiento el concepto de prioridad nacional se descubre que lo que está en juego es mucho más profundo que la gestión de los recursos limitados del Estado, lo que en el fondo se pretende es construir un sistema normativo inmoral que conduzca a la creación de infra personas, entendido como aquellas que están desprovistas de derechos esenciales, siguiendo las viejas ideologías totalitarias. Ese desplazamiento de los valores democráticos hacia el apartheid es jurídica y éticamente muy grave. La tradición constitucional europea nacida despues de 1945 tras el derrumbe del nazismo se edificó precisamente sobre la negación de la catástrofe humana del Holocausto incorporando la centralidad de la dignidad humana como fundamento del orden político. Desde esa perspectiva, la prioridad nacional aparece como una carga de profundidad contra los principios que legitiman al Estado democrático. Una cosa es reconocer deberes y derechos institucionales hacia la ciudadanía y otra muy distinta convertir la nacionalidad en criterio de jerarquización entre seres humanos. La prioridad nacional pretende esa transformación. Sustituye el principio de necesidad por el principio de pertenencia.

En una lógica genuinamente social, la pregunta relevante es quién necesita ayuda, quién se encuentra en situación de precariedad, quién carece de medios suficientes para vivir o quién padece una especial vulnerabilidad. En la lógica de la prioridad nacional, en cambio, la cuestión principal pasa a ser quién pertenece al grupo y quién debe ser expulsado. La diferencia no es menor. En el primer caso, el Estado responde a la fragilidad humana, en el segundo, responde a la ideología excluyente. Así, la pobreza del migrante vale menos que la pobreza del nacional, la enfermedad del migrante merece menor atención y su condición precaria se debr percibir como normal. Desde un punto de vista ético, la prioridad nacional desplaza el centro del derecho desde la persona hacia la tribu. Y esa mutación afecta al fundamento mismo de la democracia constitucional.

En este contexto, la obra del jurista Gustav Radbruch adquiere hoy una relevancia singular. Formado en la tradición jurídica alemana, profesor y antiguo ministro de Justicia de la República de Weimar, Radbruch contempló cómo el aparato normativo del Tercer Reich había convertido la ley en instrumento de barbarie. La pregunta que siguió a 1945 era inevitable: ¿cómo fue posible que atrocidades inimaginables hasta entonces se cometieran con apariencia de legalidad? Su conclusión es contundente: no basta con que una norma haya sido formalmente aprobada para merecer obediencia incondicional porque existe un límite que ninguna ley puede rebasar sin perder legitimidad. La fórmula de Radbruch establece esos límites y sostiene, en síntesis, que cuando la contradicción entre la ley promulgada y la justicia alcanza un grado intolerable, la ley debe ceder ante la justicia. Y, de manera aún más radical afirma que cuando una norma niega deliberadamente la igualdad y la dignidad humana que constituyen el núcleo esencial de la justicia, deja de ser derecho en sentido pleno. La tesis implica rechazar arbitrariedades judiciales y capitulaciones normativas. Radbruch sostiene que el derecho debe contener una pretensión interna de justicia sin la cual degenera en mera técnica de dominación. Aplicada al debate contemporáneo, la prioridad nacional no puede valorarse únicamente preguntando si el legislador tiene competencia para establecer diferencias entre nacionales y migrantes, debe preguntarse también si tales diferencias respetan el umbral de igualdad y dignidad inherente a toda comunidad civilizada.

La experiencia totalitaria condujo a la comunidad internacional a formular, por primera vez con vocación verdaderamente global, un catálogo común de principios inderogables. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948 por la Naciones Unidas constituyó una respuesta normativa al fracaso moral del nacionalismo totalitario. Su Preámbulo proclama la “dignidad intrínseca” y los “derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. Frente a la fragmentación identitaria que había dividido Europa la Declaración sitúa a la humanidad como fundamento y punto de partida.

El artículo 1 establece que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. No dice todos los ciudadanos, ni todos los nacionales, ni todos los miembros de un determinado Estado. Dice todos los seres humanos. El artículo 2 añade que toda persona gozará de los derechos proclamados “sin distinción alguna”, mencionando expresamente el origen nacional como motivo vedado de discriminación. Esta arquitectura conceptual limita severamente cualquier doctrina de prioridad nacional que pretenda restringir derechos fundamentales por razón de extranjería. La ciudadanía puede organizar la participación política y ciertas relaciones institucionales, pero no puede convertirse en fundamento de discriminación jurídica. La Declaración Universal establece límites jurídicos que si los Estados los transgreden dejan de ser democráticos.

Por otra parte, la Constitución española de 1978 se incorporó plenamente a esta tradición. Tras una larga dictadura que suprimió las libertades democráticas, el parlamento constituyente asumió los valores del constitucionalismo europeo de posguerra. Dice el artículo 10.1 que “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.” La elección de las palabras es concluyente, el fundamento del orden político no es la nación, ni la etnia, ni la historia compartida, ni la ciudadanía formal, sino la dignidad de la persona. El sujeto primero del constitucionalismo español es el ser humano como titular de derechos. Gustav Radbruch nos recuerda que una ley extremadamente injusta deja de merecer obediencia. La Declaración Universal de Derechos Humanos proclamó que todos nacemos iguales en dignidad y derechos. La Constitución española de 1978 situó esa dignidad como fundamento del orden democrático. Los Estados pueden tener fronteras, la dignidad humana no. Que Minneapolis no tenga parada en España.

• Opinión

Moisès Vizcaino 05/05/2026 21:30

L’acte del dilluns 4 de maig a València en l’OctubreCCC de presentació de la Crida per la Unitat per tal de pressionar l’espai a l’esquerra del PSOE per presentar una candidatura única per tal de no “perdre cap vot progressista” -tal com es va explicar al mateix acte- i donar opcions a desallotjar el PP i els seus aliats de Vox de la Generalitat i els ajuntaments, és una mostra del neguit que hi ha en bona part del que podríem anomenar esquerra social, aquella que s’organitza i es manifesta en moviments socials, sindicats i teixit associatiu i que més enllà del vot, no participa directament en els afers interns dels partits.

Aquesta gent que, com tothom, està afectada per les polítiques públiques i, per tant, està directament interessada en desallotjar uns partits de govern que s’han caracteritzat per les polítiques antisocials, la persecució a la cultura i llengua valenciana, l’especulació i destrucció ambiental i l’absoluta ineficiència (no oblidem la gestió de la dana), també està preocupada per la possible incapacitat de l’espai a l’esquera del PSOE per crear una candidatura única que no dividisca el vot i deixe formacions fora de Les Corts i, per tant, el malbaratament d’uns milers de vots que poden ser essencials per aconseguir aquest canvi. Això ja va passar en les eleccions a Corts Valencianes el 2023.

Aquesta candidatura, per raons de fortalesa electoral, hauria d’estar coordinada i encapçalada per Compromís, que és a qui li toca assumir el repte d’aglutinar al País Valencià les diverses forces d’esquerra com EUPV, Podem, Sumar i ERPV, entre altres, sense abandonar el valencianisme ni perdre la independència com a projecte d’estricta obediència valenciana, i a opcions nacionalistes com Demòcrates Valencians i República Valenciana-Estat Valencià, entre altres projectes valencians comarcals i/o locals. Som conscients de la dificultat de l’operació que en alguns moments pot semblar la quadratura del cercle. Cal molta responsabilitat, humilitat i generositat per part dels dirigents polítics. Però ja diuen -no l’atribuirem a ningú, perquè l’origen està disputat- que “la política és l’art de fer possible allò impossible”.

Amb tot, aquest només seria el primer pas, imprescindible però no suficient, per reeditar un govern progressista a partir del 2027. Els resultats del 2023 assenyalen que no va ser només la desunió el que va impedir que les forces del Botànic sumaren. També va influir el factor desil·lusió. Una desil·lusió que va deixar desenes de milers de votants d’esquerres i sobiranistes a casa i va propiciar la victòria de PP i Vox.

En aquest sentit, el desastre de la gestió de la dreta i l’extrema dreta ja facilita parcialment la faena, però amb ràbia i anant a la contra no n’hi ha prou. És necessària una campanya centrada en els temes que més preocupa a la ciutadania valenciana i el compromís ferm i clar d’intervenir en aquests punts i no repetir l’errada de les mitges tintes, les dilacions i les solucions a mitges del Botànic.

Habitatge, transport públic, serveis públics (especialment sanitat i educació, però no només) i la situació de la llengua, la cultura i els mitjans de comunicació públics, són els quatre eixos -a més de la dignificació de les víctimes i de les protestes per la negligent gestió de la dana- sobre els quals s’han produït les majors protestes i mobilitzacions d’aquests darrers anys.

Són també, especialment l’habitatge, els temes que més preocupen a la gent segons les enquestes i són també uns temes que la dreta no pot resoldre i que, per tant, intentarà esquivar en el debat electoral intentant posar el focus en els seus temes estrella com la migració, la seguretat o l’amenaça catalanista. No es pot caure en la trampa. Cal centrar el debat en allò que importa a la gent, mostrar-se ferms i inflexibles amb mesures que poden ajudar a resoldre aquestes qüestions encara que siga a costa d’eixir-se’n del marc tancat imposat pels grans mitjans de comunicació de l’espanyolisme mediàtic.

És l’hora, com deia aquell lema polític, d’actuar amb valentia. Amb valentia de veritat per a millorar la qualitat de vida de les classes populars del poble valencià.